¿Por qué era urgente que los jefes de Estado condenaran la elección fraudulenta que tuvo lugar en Venezuela en el año 2024?¹
Why was it urgent that heads of state condemned the 2024 Venezuelan fraudulent election?

En su reciente libro Autocracy, Inc., Anne Applebaum busca conexiones entre diferentes regímenes no democráticos para identificar el modo con el que se apoyan recíprocamente.² Los líderes autoritarios de hoy no trabajan solos ni buscan establecer una autarquía desconectada del mundo. Si bien en el pasado muchas dictaduras podían contar con el apoyo de Estados con gobiernos y políticas afines, como ocurría en la Guerra Fría, y varios establecían políticas de inversión o de producción que trascendían las fronteras existentes, la complejidad de las redes internacionales que existían entonces no tienen comparación con la sofisticación y profundidad con la que los regímenes autocráticos colaboran hoy. Existen, por supuesto, populistas con vocación multilateral a nivel formal (en el sentido de promover canales institucionales y formales de colaboración, como ha ocurrido en América Latina),³ y también existen expresiones de apoyo recíprocos (ver, por ejemplo, el modo como Orbán y Trump se elogian recíprocamente), e incluso imitaciones de arreglos institucionales y narrativas políticas que instrumentalizan el derecho constitucional comparado de manera abusiva.⁴ Las colaboraciones son profundas, muchas veces informales o desconocidas por los canales institucionales ordinarios, y de ellas ha dependido, en parte, la sobrevivencia de estos líderes en el poder. Un ejemplo reciente lo muestran las operaciones del grupo paramilitar Wagner y el trato entre Mnangagwa, Rusia, y China en Zimbabue. Applebaum sostiene que, en ocasiones, las redes se transforman en la comercialización implícita o explícita de “paquetes de sobrevivencia” (survival packages) para dictadores en problemas.

Por supuesto, parte importante de las redes que ayudan a sobrevivir a los dictadores operan en un contexto de opacidad y desinformación. Ello hace difícil comprender la profundidad del problema, sus distintas implicaciones, los objetivos y modos concretos de las redes existentes, y solamente nos permite suponer de manera informada respecto del mejor modo de combatir a Autocracy, Inc. Hoy, las alianzas transnacionales no se pueden comprender en un sentido puramente ideológico ni económico, como lo fueron, por ejemplo, los aliados de la Unión Soviética en el pasado, o los socios comerciales y políticos de EE. UU. que luchaban contra el marxismo. Es más, la ideología es a veces un componente relevante pero innecesario para la existencia de dichas redes. Varios gobiernos populistas contemporáneos carecen de una ideología consistente o aplicada sistemáticamente y prefieren, a veces de manera deliberada, utilizar narrativas pragmáticas que los expongan menos a críticas ideológicas de intelectuales amigos que buscan mantener una suerte de purismo ideológico.⁵ La sobrevivencia y los acuerdos explícitos o implícitos para debilitar a un enemigo común o proteger a algún autócrata de dicho enemigo se han transformado en factores estratégicos cruciales sin los cuales no puede comprenderse la política internacional actual. ¿Qué explica, por ejemplo, que Irán colabore con Rusia y Venezuela mientras Hungría desarrolla políticas ambiguas en sus alianzas? ¿Cómo se entiende que un expresidente de EE.UU. no condene explícitamente a Rusia, o que el presidente de Brasil (esto es aplicable tanto a Bolsonaro como a Lula) parezca promover alianzas con dictadores?

La evidencia de la que disponemos (y que Applebaum resume en su libro) sugiere que ha emergido una red de regímenes autocráticos dispuestos a formar alianzas internacionales, unirse en contra de enemigos comunes, establecer redes financieras de apoyo, apoyar campañas comunicacionales en las redes sociales y colaborar militarmente. Esto hace más fácil establecer un régimen cleptocrático basado en el clientelismo, la represión y la corrupción (al punto de llegar incluso a convertirse en Estados mafiosos o delincuentes)⁶ porque las redes cleptocráticas y clientelares requieren de fuentes de financiamiento, canales financieros opacos, negocios que permitan enriquecer a los aliados del gobierno y conexiones políticas y legales que los protejan, también, fuera de sus fronteras⁷. Hoy, la sobrevivencia de regímenes impopulares con oposición firme, en parte se puede explicar por la existencia de apoyos transnacionales.

Uno de los principales ejemplos de lo anterior es la Venezuela de Maduro. Pese a ser derrotado en las elecciones este año 2024,⁸ a exponerse a fuertes sanciones extranjeras e internacionales, a mantener y profundizar las crisis humanitaria y económica en las que tiene sometida a su población, a la exposición de un Estado que adolece de corrupción sistemática y a tener una oposición bien organizada que es capaz de derrotarlo electoralmente en condiciones adversas, Maduro y sus aliados siguen en el poder, y tal vez permanecerán en el mismo por mucho tiempo. En parte, una explicación plausible se debe a sus conexiones con las redes de Autocracy, Inc. Si Maduro no le puede vender petróleo a EE. UU., entonces se lo vende a otro gobierno, incluyendo a miembros de Autocracy, Inc. Si necesita tecnología de espionaje para hostigar, identificar y perseguir a sus opositores o para modernizar sus capacidades militares, entonces puede llegar a acuerdos con países como Irán. Si el régimen necesita inversiones para desarrollar obras de infraestructura, entonces puede acudir a China. Si necesita hacer operaciones en territorios extranjeros, entonces tiene a su disposición una red de agentes (y sicarios) a la que puede acudir.

Sin embargo, mientras Autocracy, Inc. ayuda a los dictadores a reducir los costos de mantenerse en el poder, paralelamente, el Derecho Interamericano sube los costos de salida para que los dictadores dejen el poder al quitarle credibilidad a un posible acuerdo conducente a una transición democrática pacífica que incluya una ley de amnistía (debido, en parte, a la incertidumbre que puede generar la jurisprudencia interamericana que rechaza las leyes de amnistía con algunos matices).⁹ Si en la década de los ochenta del siglo XX era posible llegar a acuerdos pragmáticos con dictadores que permitieran una transición pacífica, hoy los costos de llegar a dichos acuerdos se han elevado para autócratas como Maduro.

El libro de Applebaum da varios ejemplos que sugieren que la dictadura venezolana se ha logrado consolidar, en parte, gracias a la ayuda extranjera.¹⁰ El modo en que Maduro asumió el gobierno venezolano luego de la muerte de Chávez en 2013 es relevante. En esa época, empresas rusas invirtieron en Venezuela después de que capitales norteamericanos y europeos salieran de dicho país, al mismo tiempo que comida subsidiada de Rusia llegaba a dicho país. A cambio, Venezuela compraba armamento ruso. China también colaboró prestando dinero al gobierno venezolano. Cuba ha colaborado con militares, espías, inteligencia y expertos en seguridad, además de profesionales de la salud. También ha habido acuerdos con Turquía y, aparentemente, con Irán, que habría comprado oro venezolano y colaborado con comida y gasolina. Los vínculos militares entre Irán y Venezuela son más difíciles de identificar, pero Applebaum sostiene que Venezuela podría haber ayudado a lavar dinero a Hezbollah. Todas estas ayudas han auxiliado a mantener el régimen en Venezuela. Sin ellas, las sanciones internacionales contra dicho país podrían haber desestabilizado al gobierno venezolano u obstaculizado su programa de modo significativo. Pero ser dictador en condiciones adversas es hoy posible porque las redes internacionales sirven para contrarrestar dichas condiciones. Y de ese modo, la dictadura venezolana puede sobrevivir crisis muy profundas.

Paralelo al desarrollo de este problema, una porción importante de Estados ha estado dirigida por presidentes o primeros ministros que han favorecido políticas de no intervención, de neutralidad, o han alegado que los problemas que se han identificado entre grupos pequeños de Estados son controversias bilaterales que no les competen. Aunque pueden tener intereses en una parte específica del mundo, tener presente otras consideraciones de política internacional legítimas y los mismos pueden ser afectados por controversias aparentemente bilaterales, a veces ignoran, omiten, o dicen ignorar, la existencia de una red más amplia que, si se sigue profundizando, podría afectar intereses domésticos propios. Algunos Estados han conducido sus relaciones internacionales de manera notoriamente inconsistente, lo que puede ser natural, en parte, debido a que son los intereses, y no los principios, las principales razones que motivan a los jefes de Estado. No obstante, necesitamos exigir un grado de relativa consistencia democrática para combatir a Autocracy, Inc. Hoy, los debates políticos transnacionales, auxiliados por la exposición que ofrecen las redes digitales y promovidos por líderes que buscan incrementar el poder de sus bases, han beneficiado a políticos como Milei en Argentina y a Sánchez en España, que se benefician del conflicto estimulando el crecimiento de apoyos de sus propios sectores domésticos. El uso selectivo del principio de no intervención se ha convertido en un argumento más a utilizar en un contexto en el que es necesario capitalizar políticamente el problema a costa de aparentes enemigos extranjeros. En este escenario, deben levantar sospechas las demoras de algunos presidentes latinoamericanos que tardaron en condenar la autocracia venezolana, evitando referirse al respecto, o lo han hecho con ambigüedad o condicionantes y aclaraciones que debilitan la declaración antidictadura.

Si las redes de Autocracy Inc. son internacionales y la sobrevivencia del régimen venezolano depende, en parte, de dichas redes, entonces los modos de luchar contra ella también deben ser internacionales. La red de gobiernos democráticos que hoy existe no parece suficientemente organizada como para reaccionar de manera coordinada. El modo como los jefes de Estado comunican sus posiciones no es irrelevante para la opinión pública internacional y de ellos depende, también en parte, que podamos crear una conciencia efectiva acerca de la necesidad de combatir a gobiernos autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos. Cuando Milei ataca a Maduro, y este último responde acusando a Milei de imperialista, el debate aparece cruzado por dos líderes que carecen de prestigio internacional. Si presidentes como Lula pudieran sumarse con vigor y claridad, de manera oportuna y robusta (carente de las ambigüedades que han caracterizado las declaraciones de dicho mandatario), la comunicación se haría más efectiva. Es posible que a Brasil no le interese entrar en el debate de manera que pueda resultar contraproducente con otros intereses. Después de todo, Brasil es uno de los impulsores de los BRICS y comparte frontera con Venezuela. Es posible sugerir que algunas redes internacionales que benefician a Brasil están alimentadas por países como China y, tal vez, Lula quisiera ser cuidadoso con sus socios comerciales y políticos. El interés de Brasil parece no ser suficiente como para estimular a Lula a defender principios democráticos contra Autocracy, Inc. Tampoco ayudan las tardías declaraciones del presidente Petro en Colombia ni las vacilaciones del presidente López Obrador en México. El propio López Obrador ejecuta el manual de los populistas de manera relativamente exitosa en su país y podría convertir a México en un socio apetecido de Autocracy, Inc. Al no acusar oportunamente a Maduro ni apoyar explícitamente a sus opositores, Autocracy, Inc. se fortalece. Las redes no se ven expuestas y los intereses de los socios autocráticos de México y Brasil pueden estar tranquilos. Y si Autocracy, Inc. se fortalece, entonces líderes brasileros con inclinaciones autocráticas también podrían verse beneficiados.

Combatir por la democracia es una tarea que corresponde no solamente a las herramientas institucionales disponibles, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, sino también al desarrollo de narrativas políticas que permitan recuperar el estándar democrático como el único aceptable. El ejemplo del presidente Boric en Chile es, tal vez, digno de imitar. Boric llamó a no reconocer al gobierno aparentemente electo antes que existiera evidencia verificable sobre el resultado electoral. Algo similar hizo el español Pedro Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas. A Boric, lo anterior le significó asumir costos internos importantes. Tuvo que dividir a sus partidarios porque uno de los partidos de su coalición de gobierno apoya explícitamente (todavía) la dictadura venezolana (es posible que el Partido Comunista participe de Autocracy, Inc. en el sentido conceptualizado por Applebaum, o se beneficie de las redes de Autocracy, Inc.). Además, Boric se expuso a la crítica de quienes lo acusan de inconsistente (Boric, en su momento, también apoyo la agenda chavista). No obstante, los críticos deberían premiar (y no condenar) los cambios de opinión que van en la dirección correcta. ¿Por qué personas preocupadas (o genuinamente preocupadas) por la democracia deciden elevar los costos de aquellos que democratizan sus posiciones y condenan una dictadura?

Los jefes de Estado del mundo democrático deben comprender que la democracia genuina (esto es, una democracia que, al menos, acepte la competencia por el poder, permita efectivamente la rotación en el gobierno y garantice derechos políticos efectivos a sus ciudadanos) ya no es el sistema favorito de mayorías importantes en muchos países. Algunos dicen ser democráticos sin serlo y otros derechamente ya no lo son (si es que alguna vez lo fueron). Asumir esta realidad, para los demócratas comprometidos, significa reconocer la obligación de recuperar el estándar de legitimidad que, en algún momento, llevó a Fukuyama a sostener que, luego de la caída del muro de Berlín, el sistema democrático y las ideas liberales occidentales se impondrían como las únicas aceptables.¹¹ Una suerte de cumbre ideológica. Es posible que Fukuyama nunca haya tenido completa razón (en lo personal, creo que varios lo malinterpretaron), pero es claro que, si antes la democracia era el only game in town, ya no lo es. Y si algunas redes internacionales apoyan a los gobiernos autocráticos del mundo, entonces los gobiernos democráticos deben estar alineados y utilizar sus propias redes. Exponer una narrativa política coincidente con los principios de la democracia liberal debe ser parte esencial de esta iniciativa.

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El cuarto número en español de I.CON comienza con un artículo escrito por M. Victoria Kristan, quien discute la legitimidad del Derecho Internacional para proteger la libertad individual utilizando la distinción entre intervenciones dominadoras y no dominadoras. Enseguida Nahuel Maisley distingue dos ejes (uno geográfico y otro institucional) para examinar la controversia sobre la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la Convención Americana. Luego, Giuseppe Martinico y David Mier Galera examinan los limitados modos en que los tribunales internacionales pueden contribuir a defender la independencia de jueces domésticos. A continuación, Gonzalo Candia Falcón critica los argumentos utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para excluir a los terceros interesados de sus procesos.

El número continúa con dos trabajos incluidos en nuestra sección de “Revisión Crítica de Jurisprudencia y Gobernanza”. En ella, Carlos Bernal Pulido argumenta que la Corte Constitucional colombiana puede contribuir a solucionar desafíos de legitimidad en materia de derecho internacional de inversiones. Luego, Joan Ridao-Martín identifica y discute los desajustes del modelo lingüístico constitucional en España.

A continuación, este número incluye un simposio sobre la relación entre cortes constitucionales y polarización política. El mismo abre con una introducción de Sergio Verdugo, y contiene trabajos que examinan la experiencia de diversos países. Andrea Castagnola y Aníbal Pérez-Liñán revisan el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Paraguay. Julio Ríos-Figueroa y Patricia Sotomayor Valarezo discuten la experiencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Sandra Botero y Benjamín García Holgado comparan los casos de la Corte Suprema argentina y la Corte Constitucional colombiana. Andrea Pozas-Loyo y Javier Martín-Reyes exploran la experiencia de la Suprema Corte mexicana. Fernando Simón Yarza examina el caso del Tribunal Constitucional español. El simposio concluye con un trabajo de Florencia Antía, Diego Luján y Daniela Vairo, quienes discuten la evidencia de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.MP y SV

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